El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias se compromete en su visita a Ingenio a construir un nuevo centro de salud en el municipio

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INGENIO

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Roberto Moreno, visitaron en la tarde del pasado lunes, 7 de diciembre, la Villa de Ingenio para conocer de primera mano el estado de los servicios sanitarios en el municipio. Los mismos fueron recibidos en las Casas Consistoriales por el alcalde, Juan Díaz; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Ingenio, Francisco Javier Espino; el concejal de Relaciones Institucionales, Rafael Caballero; la concejala de Servicios Sociales, Elena Suárez y la concejala de Economía y Hacienda, Ana Hernández.

En primer lugar se mantuvo una reunión de trabajo en Alcaldía, donde se les dio a conocer el actual estado y carencias que presenta el Centro de Salud de Ingenio (planchas en el espacio abierto que producen mucho calor, espacio reducido de Urgencias, problemas con el agua de las lluvias, etc.). Al encuentro se sumaron posteriormente representantes de las ONG's Apadesur e Inafa, las cuales gestionan el Edificio de la Fundación Canaria Hermanos Juan y Juana Espino Juárez en La Bagacera, con el fin de solicitar la culminación del proyecto que conllevaría la ampliación del inmueble. Seguidamente se procedió a visitar el Centro de Salud de Ingenio.

El consejero de Sanidad ha asegurado tras el encuentro que “el centro de salud de Ingenio necesita una importante mejora, por ello es oportuno hacer, no una reforma, sino un nuevo edificio para la atención sanitaria”. Para ello se ha propuesto tener preparado en el próximo ejercicio un Plan Funcional y, “en la medida de lo posible, contar con un proyecto de obra que se pueda acometer a partir de 2017”.

En cuanto al proyecto del Edificio de la Fundación Juan y Juana Espino, el consejero explicó que al tener un fin más destinado a Asuntos Sociales, “lo que procede es una visita de la vicepresidenta,” adelantando sin embargo que sería un proyecto importante para incluir en los que se financiarán con los fondos del IGTE.

Por su parte el director del SCS, Roberto Moreno, afirmó que “tras la visita hemos comprobado que existía ya un proyecto de mejora del Centro de Salud que quedó aparcado por la crisis, pero ya Ingenio está llamado a tener una nueva inversión”. Añadió que el edificio adolece de necesidades importantes por lo que una ampliación del centro de salud sería más un parche que una solución”.

Por su parte, el alcalde de Ingenio, Juan Díaz, agradeció a Jesús Morera y Roberto Moreno la visita a Ingenio en la que, según el regidor, “pudieron comprobar las necesidades y alternativas de cara al futuro del Centro de Salud del municipio que data de principios de los 80 por lo que tiene más de 30 años de antigüedad”. 

Por otro lado se mostró satisfecho con el compromiso arrancado de recibir la visita de la vicepresidenta y Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández con el fin de estudiar la posibilidad de terminar el Edificio de la Fundación Juan y Juana Espino para lo cual se necesita cerca de un millón de euros.

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Sanidad canaria, a la sala de espera

Noticias Gran Canaria / www.noticiasgrancanaria.es -
OPINIÓN 
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)

Comienza una nueva legislatura, y con ella los mensajes propios de políticos, tanto del gobierno regional como de la oposición, que afirman que hay que invertir en la sanidad canaria (competencia transferida por el estado a principios de 1994), donde en la penúltima legislatura y la mitad de la última, se ha recortado en los presupuestos regionales en esta, y otras materias de nuestro estado del bienestar, con el argumento de la crisis y de los reajustes sobre el déficit presupuestario impuestos por el gobierno de la nación. 

Algunos de los datos que se arrojan sobre la sanidad en Canarias no son alentadores, y al actual gobierno regional tiene mucho por andar y mejorar. La radiografía de la sanidad en Canarias en la actualidad, a grosso modo es (según los sindicatos del sector): los problemas de la Urgencias, las listas de espera tanto médicas como quirúrgicas, y la falta de dinero público para mejorar y potenciar el sistema (considero que debido a la descoordinación en la gestión política del Servicio Canario de Salud (SCS). Pero hay más.

Aquí van algunos datos reflejo de la Sanidad pública en Canarias: la quinta Comunidad Autónoma (CC.AA) con mayor grado de privatización sanitaria, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), recalcan que la privatización se profundizó a partir de 2001 con las transferencias sanitarias a las CC.AA., y las diferencias entre regiones demuestran "la falta de cohesión y desigualdad" sanitaria, entre otras causas porque hay mucha gente que no puede acceder económicamente a la sanidad privada. 

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), integrada en la Federación estatal (FADSP), consideran "que se debe potenciar prioritariamente la Atención Primaria y también la Especializada en el ámbito de los Centros de Salud en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, dotándolos de los correspondientes recursos materiales y humanos de los que actualmente carecen"; hay destinados en los presupuestos regionales más de doscientos millones de euros (atienden casos de menor complejidad) para los centros sanitarios concertados (privados); en su último estudio: "Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades" de la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), en el que se barema los servicios públicos esenciales (salud, educación y protección social)  sitúan a Canarias en el último lugar con 5.253 € en gasto real per cápita (en el periodo de 2002 a 2013) siendo la media del país de 6.230 € (casi mil euros de diferencia), y somos los quintos por la cola en lo referente al gasto por paciente con 1.332 €; en el informe "Gravedad de la situación de la Enfermería Española por los incumplimientos de las administraciones sanitarias", elaborado por el Consejo General de Enfermería, afirman que en nuestro país hay 508 enfermos y 370 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea el ratio se sitúa en 811 enfermos y 332 médicos, situándonos los séptimos con peores cifras de toda Europa. 

En este mismo informe Canarias necesitaría más de siete mil enfermeros (7.082) para situarse en la media europea, ya que tiene 476 de ratio, lo que nos sitúa como los terceros por la cola de nuestro país y en donde estos profesionales atienden a más del doble de población que en otras regiones españolas. Con estos datos largo camino le queda al Ministerio de Sanidad, el cual se comprometió a alcanzar los ratios de la media europea en el 2020 (y por ende a las CC.AA); según investigadores de la Fundación Gaspar Casal, y que recogieran en el libro "La Sanidad Española en Cifras", Canarias fue una de las siete CC.AA. (en el periodo 2008-2011) que disminuyeron el gasto sanitario por habitante al inicio de la crisis económica mundial; etc.

Siendo una competencia transferida por el estado, y en el ámbito de sus posibilidades, en materia de recortes presupuestario la comunidad autónoma ha sido la responsable de recortar en materia de sanidad cientos de millones de euros (siendo junto con la educación, las partidas presupuestarias más importantes), por no quedarle "más remedio". Eso sí, nos gastamos decenas de millones de euros anuales en la RTV Canaria y en la Policía Autonómica. 

No caben más dilaciones a la hora de exigir a este gobierno regional, en aras de la transparencia y de dar respuesta a la ciudadanía, que argumente con datos oficiales algunas de las cuestiones que parece que no se facilitan con el máximo rigor, sino de manera parcial y partidista. Algunos de estos serian: qué planes tiene diseñado el ejecutivo autonómico para reabrir quirófanos cerrados y número de camas, sobre todo en grandes complejos hospitalarios; medidas para reducir de manera exponencial las listas de espera tanto médicas como quirúrgicas; el coste público de las pruebas diagnosticas entre el sector público y el privado (centros sanitarios concertados); "todos" los contratos firmados con dinero público, y sus condiciones, a los que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y comprensible, en la contratación de servicios y de adquisición de material; el coste de la cama por día en la sanidad pública en comparación con los centros sanitarios concertados (privados).

Si bien la colaboración público-privada en el sector sanitario no debe de ser desdeñado en todos los casos, sino ser estudiado de manera conveniente en aquellos casos donde el coste sea elevado para la ciudadanía, y en ningún caso menoscabe la calidad asistencial a los pacientes. 

El actual presidente autonómico, el Sr. Fernando Clavijo (CC), se comprometió a incrementar el presupuesto en Sanidad un 4% cada año, con el fin de llegar a una cifra similar a la existente antes de la crisis, defendiendo un cambio de modelo sanitario que prime al paciente. 

El nuevo consejero de Sanidad, Sr. Jesús Morera, se ha comprometido a recuperar gran parte de condiciones laborales y retributivas anteriores a los años de crisis, y a celebrar nuevas oposiciones que se convocarán al menos cada tres años en su reciente reunión en la mesa sectorial de sanidad, entre otras cuestiones, con los representantes sindicales; además el consejero anuncia que "contratará más personal" para reducir las listas de espera.  

En cualquier caso considero conveniente resaltar: que entiendo que se debe devolver las competencias en esta materia al Estado; que es momento de recortar en gastos innecesarios y superfluos en todas las administraciones canarias, en aras de reconstruir el estado del bienestar que la deficiente gestión (en demasiados casos) ha llevado a tener que recortar en lo importante para la ciudadanía (educación, sanidad, asuntos sociales, etc), para mantener chiringuitos y privilegios en las instituciones que en otros países europeos no son entendibles; y que es más que necesario contar con los profesionales sanitarios, aquellos que palpan día a día las necesidades de los pacientes, para incidir en la mejora de la calidad en el servicio que se le presta a los mismos.

Espero y deseo, por la cuenta que nos trae a la ciudadanía, que las medidas que se tomen del recién elegido gobierno autonómico, y del próximo nacional, vayan encaminadas a reconducir el estado del bienestar que tanto costará a las pasadas generaciones, desde los principios de excelencia y defensa del interés general, dando transparencia e implantando un modelo de gestión eficaz y eficiente que palie las diversas causas que los pacientes denuncian para que consigamos un servicio en condiciones de calidad. 

Desde estas líneas, dejar claro mí reconocimiento público al sector sanitario (a todos sus grupos), y en especial al público, por el trabajo (su buen hacer) que desempeñan en las actuales condiciones, entre ellos, (como al resto de funcionarios públicos), sus derechos laborales, y la sobrecarga de trabajo al haberse reducido las plantillas aún con una población en aumento.

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La Fundación Española del Corazón (FEC) reclama una legislación por parte de la CE sobre el uso de las grasas trans

Noticias Gran canaria / www.noticiasgrancanaria.es -
+ SALUD 
La Fundación Española del Corazón (FEC) reclama una legislación por parte de la CE sobre el uso de las grasas trans/Spanish Heart Federation demands specific EU regulation of trans fat.

Mientras Estados Unidos ha prohibido el uso de grasas trans en productos alimentarios, Europa aún no cuenta con una legislación específica sobre este tema. Por ello, la Fundación Española del Corazón (FEC) quiere recordar que, en 2011 y a través de la EuropeanHeart Network, se solicitó a la Comisión Europea una regulación en este sentido y que, no obstante, este marco legal aún no ha sido establecido a día de hoy.

El Dr. Leandro Plaza, presidente de la FEC, explica que “el pasado diciembre, debería haberse hecho público un informe sobre la presencia de las grasas trans en los productos alimentarios de la Unión Europea. Este documento serviría para determinar qué legislación es necesaria a nivel europeo pero, desafortunadamente, este informe aún no se ha presentado”.

En Estados Unidos, hace tan solo unas semanas que la U.S. Food and DrugAdministration (FDA) ha prohibido el uso de las grasas trans. Esta prohibición, adoptada tras considerar esta sustancia como una amenaza para la salud pública, se aplicará de manera progresiva durante los próximos tres años.

Por el contrario, en Europa únicamente existe una directiva que limita la cantidad de ácidos grasos trans en preparados para lactantes y de continuación (no pudiendo superar el 3% de contenido graso total) y solo cuatro países (Dinamarca, Austria, Suiza e Islandia) han establecido un marco legal que obliga a la industria a limitar la cantidad de grasa trans utilizada en productos alimentarios, no pudiendo superar el 2%.

Salvo estas excepciones, no existe ninguna otra regulación europea vigente, ni siquiera la obligatoriedad de mostrar en el etiquetado del producto la cantidad de grasas transque contiene el mismo, y es que éstas quedan integradas dentro del porcentaje de grasas saturadas.

En esta línea, el Dr. Leandro Plazaopina que, “en una primera fase, la industria debería estar obligada, no solo a reflejar en la etiqueta la cantidad de grasas saturadas que contiene el alimento en cuestión, sino también a indicar el porcentaje de grasas trans del mismo. De esta manera, el consumidor estaría más informado y podría escoger con más libertad qué alimento quiere consumir”, y añade que, “este debería ser solo el primer paso para que, de manera progresiva, se vaya reduciendo la cantidad de grasas trans hasta eliminarlas por completo”.

Con el objetivo de facilitar al consumidor una referencia para la identificación de los productos más saludables e incentivar a la industria a que desarrolle productos menos perjudiciales para la salud, la FEC cuenta con el Programa de Alimentación y Salud (PASFEC). Mediante esta iniciativa, la FEC otorga un sello distintivo a aquellos productos que cumplen los criterios establecidos por el comité científico de la fundación (entre los que se incluye una limitación de la cantidad de grasas trans, según el tipo de alimento) y otro para los productos que representan un beneficio respecto a los de su gama.

Las grasas trans son de origen vegetal, pero están transformadas: mediante un proceso de hidrogenación pasan de un estado líquido a sólido, logrando así mejorar el sabor, la textura y la durabilidad de los alimentos cocinados o elaborados con ellas. Es por ello que son muy útiles para la industria alimentaria.Sin embargo,se ha demostrado en diversas ocasiones que son las peores grasas para la salud cardiovascular ya que aumentan los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos, y disminuyen los niveles de colesterol bueno (HDL).

“Inicialmente, como provenían de grasas vegetales se pensó que iban a ser más beneficiosas que las grasas animales, pero con el paso del tiempo se ha demostrado que son tanto o más peligrosas que la grasa saturada de origen animal”, comenta el Dr. Leandro Plaza.

A pesar de que están presentes en pequeñas cantidades en la leche y la grasa corporal de algunos animales, las grasas trans se encuentran principalmente en productos procesados.

Cabe destacar que el consumo de 5 gramos diarios de grasa trans puede llegar a aumentar en un 23% el riesgo de sufrir enfermedad cardiaca coronaria.Según la FEC, la reducción de un 1% del consumo de las grasas trans supondría grandes beneficios: disminuiría entre un 2-3% la enfermedad cardiovascular y su principal complicación, es decir, el número de infartos.

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Bruselas sanciona a España por los vertederos ilegales, Canarias entre los primeros

Noticias Gran Canaria / www.noticiasgrancanaria.es -
MEDIO AMBIENTE

Como estaba previsto, el desmadre en la gestión de residuos que históricamente sufrió Canarias sigue pasando factura en la Unión Europea.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, ya se sabía que resultaba imposible clausurar los 24 vertederos ilegales detectados por las autoridades continentales en nuestro Archipiélago antes de que se cumplieran los plazos dados, al punto de que solo cuatro de ellos han sido al fin clausurados.

Ahora, la Comisión Europea anunció ayer que llevará a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la “persistencia de vertederos ilegales”, no sólo en las Islas, sino en cinco comunidades autónomas más: Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Eso sí, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que España “tomara las medidas necesarias”.

Una gestión insuficiente

El Ejecutivo comunitario considera que, pese las normas comunitarias, existe una “gestión insuficiente” de los residuos. No podía ser de otra manera, ante el terrible atavismo local de acumular escombros y basura sin respetar normativa alguna, una pésima costumbre forzada por la escasez de territorio y de transportes suficientes para hacer frente a un reto por otra parte formidable.

El avance de la civilización llegó con las modernas plantas de tratamientos de residuos, pero las autoridades locales fueron incapaces de revertir los viejos vertederos y la situación terminó por adquirir gran visibilidad cuando en 2007 la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar “vertederos ilegales” en las referidas comunidades autónomas. El Gobierno de España, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a “clausurar y restaurar” esos vertederos antes de que acabara 2011, una promesa imposible de cumplir salvo que llegase una cuantiosa inversión que nunca fue tal.

La fecha era tan irreal que en su día Europa no puso objeciones a retrasar el plazo hasta 2014, pero no transigió con una nueva prórroga hasta el año que viene.

Lo cierto es que el plazo ya se ha cumplido y, por ejemplo en el Archipiélago solo se ha logrado el control en cuatro de los puntos señalados en nuestras Islas por Europa, a la espera de seguir con la tarea en los 20 restantes.

El motivo de semejante retraso no es la falta de interés del anterior Gobierno autonómico, sino la escasa disposición de fondos para afrontar una empresa de estas características.

Así las cosas, Bruselas ha decidido llevar a España ante la justicia europea para “forzarla a acelerar el proceso”. Es menester recordar que aunque los vertederos no estén ya operativos, necesitan ser cerrados, sellados y restaurados, tal y como exige la Comisión Europea.

No bastará con cerrarlos

De acuerdo a las normas comunitarias, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos para que no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, por lo que están obligados a prohibir su abandono, vertido o eliminación incontrolada.

Si el Tribunal de Justicia concluye que España persiste en la no aplicación de las reglas formuladas por la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría iniciar entonces un segundo procedimiento para imponer una multa a las autoridades nacionales.

Una larga lista:  

-Cuatro en la isla de Tenerife: están localizados en los términos municipales de Guía de Isora, Güímar, Granadilla de Abona (518.445,73 de coste) y Santiago del Teide.

-Cuatro en La Gomera: se encuentran en los municipios de Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey y Alajeró. (Más de 880.000 euros de coste).

-Cuatro más en La Palma: concretamente localizados en los municipios de Puntagorda (635.580,21 euros de coste), Tijarafe, Fuencaliente (607.927,44 euros de coste) y Santa Cruz de La Palma.

-Dos en la Isla de El Hierro: uno de ellos está en Valverde y el otro en Frontera. Faro de Orchilla (948.347,25 euros de coste) y en Frontera (388.424,52 euros).

-Tres más en Gran Canaria: Cueva Lapa ( 851.392,84 euros de coste), Franja Costera Botija ( 722.574,16 euros de coste)  y Montaña de Amagro, todos ellos en el municipio de Gáldar.

-Dos en Fuerteventura: se encuentran en los términos municipales de Antigua (568.883,50 euros de coste) y Tuineje.

-Uno en Lanzarote: situado en Yaiza.

-Sólo cuatro casos resueltos: el esfuerzo del Gobierno de Canarias, limitado por la escasa disponibilidad presupuestaria, ha retirado solo cuatro vertederos de la lista: tratándose de la Montaña del Tesoro, en Valverde (El Hierro), Tejina (La Laguna), El Llano de Valle Gran Rey (La Gomera) y por último el barranco de Buitondo en Pájara (Fuerteventura).

-Plazos incumplidos: El primer plazo era antes de que terminara 2011, pero se amplió hasta 2014. Una prórroga hasta 2016 no fue aceptada por Europa.

Desde un punto de vista técnico, el proceso de restauración de los vertederos por regla general incluirá la retirada y clasificación de los vertidos y su procesado mediante gestores autorizados. En algunos de los casos, en función de las características de los vertederos y los años transcurridos desde su abandono, se tendrá que acometer el sellado y el acondicionamiento de la zona afectada mediante una capa de impermeabilización y clausura.

¿No hay actividad presupuestaria o Bruselas se ha dado cuenta, de que todo el dinero que recibe la Comunidad no lo destinan a solventar la mayoría de los  problemas como estos, los cuáles se arriesgan a ser sancionados?¿se ha destinado el dinero que manda la Unión Europea a paliar la mayoría de estos problemas?¿cuánto ha destinado la UE para destinarlo a esta problemática?.

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