Domingo González (AGS) sigue encausado en un proceso judicial que nunca fue archivado

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es
INGENIO

[Casi un año después, los afectados por el Plan Parcial de Ordenación SUSNO I-3 de Lomo Cardón solicitarán al pleno, que el concejal Domingo González y el concejal Juan José Gil se retrotraigan por las declaraciones vertidas en el pleno del 26 de diciembre de 2014 posteriormente publicada en la web pública e institucional de ingenio.es, en las redes sociales y en un medio  de prensa a nivel regional].

El ex concejal de Urbanismo, Domingo González Romero de Agrupa Sureste, realizaba una serie  de declaraciones en el pleno del mes de diciembre de 2014 con el beneplácito del ex Alcalde, Juan José Gil Méndez,  haciendo alusión a un auto dictado el 12 de diciembre de 2014 sobre el sobreseimiento y archivo de la causa del Plan Parcial de Ordenación SUSNO I-3 por el que González, seguía encausado desde 2006 con número de Diligencias Previas 584/2006, por unos supuestos delitos urbanísticos.

Durante las declaraciones en el pleno hace casi un año, Domingo González, actuó lanzando una serie de amenazas, donde sostuvo que tomaría acciones legales contra aquellas personas que habían manchado su imagen y honor con falsas pruebas y acusaciones, con el ánimo de inventar delitos en un proceso en el que, según afirmó alegremente, “al final la Justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento”.  

Cabe resaltar que el auto del 12 de diciembre de 2014 dictaminó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa incoada por falta de acusación, provisional y no libre, donde la parte afectada en el plazo de tres días podía resentar un recurso de apelación, tal y como ocurrió. Al revocarse el auto, el juzgado tuvo que seguir con la tramitación reactivando la causa, donde con fecha del 24 de mayo de 2015, la sala resuelve desestimando el recurso de aquel auto del 12 de diciembre de 2014,  hechos por el cual, la causa no archivada sigue siendo investigada dejando al descubierto la falsedad de las afirmaciones del edil Domingo González, quien  faltó a la verdad, con la misma entereza que lo hizo Juan José Gil Méndez.

Imagen de archivo: Afectados del SUSNO I-3 deLomo Cardón 

González sigue investigado por la justicia, por el proceso judicial del Plan Parcial de Ordenación SUSNO I-3 de Lomo Cardón, por un presunto delito urbanístico.

Si realmente fue cierto que la causa se había archivado, tal y como sostenían en el pleno del 26 de diciembre de 2014, ¿por qué a posteriori, el Ayuntamiento no facilitó el archivo a petición de la parte afectada por registro de entrada?. Porque faltaron a la verdad en el pleno siendo consientes del sobreseimiento PROVISIONAL.

El ex Alcalde de la Villa, Juan José Gil,  respondió a través de un registro de salida el 28.01.2015 (véase imagen abajo) que el Ayuntamiento no se ha personado en la causa, por lo que no puede facilitar tal información, lo que lleva a la conclusión de que indiscutiblemente FALTARON A LA VERDAD, nunca existió la causa archivada del Plan Parcial de Ordenación SUSNO I -3. Manipularon a la ciudadanía en los medios públicos y privados.

¿Y ahora qué?

Los afectados por el Plan Parcial SUSNO I-3 de Lomo Cardón,  siempre han mantenido que el ex alcalde de la Villa, Juan José Gil, les sirvió como la principal fuente de información en todo lo relacionado con el desarrollo del SUSNO I-3  cuando este, se encontraba en la oposición en el año 2010, y facilitaba la información “para hacer su política de oposición y ganarse nuestra confianza” aseguran los afectados. 

En 2011 Juan José Gil (PP-SOMOS), cuando vio la posibilidad de conseguir la alcaldía tras los resultados electorales, no consiguió la mayoría pero se postuló al lado del que más tarde sería su socio de gobierno, Domingo González de Agrupa Sureste, formando el pacto de gobierno 2011/2015 y dando de lado definitivamente, a los vecinos afectados por el desarrollo del Plan parcial SUSNO I-3.

En el último año de mandato del Sr. Juan José Gil, llegó a utilizar las redes sociales para proferir relatos y refranes, algo que le fascina bastante, entre ellos algunos refranes dirigidos a los afectados del SUSNO I-3 en el que podía leerse mensajes como  “la mentira y la manipulación tiene las patitas muy cortas, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”. En vista de lo expuesto y demostrado resulta que “se coge más pronto a un mentiroso que a un cojo”. 

¿Quiénes han demostrado ser los mentirosos?.

Por su parte,  los afectados del SUSNO I-3 de Lomo Cardón, han solicitado que en el pleno del próximo lunes 30 de noviembre de 2015, se retrotraigan los ediles Domingo González de Agrupa Sureste y Juan José Gil de Proyecto SOMOS,  de todo lo dicho en el pleno corporativo del 26 de diciembre de 2014  ya que entienden, que se utilizó la casa del pueblo para transmitir la falsedad del archivo de un proceso judicial de investigación por un presunto delito urbanístico y por la misma vía, desde la casa del pueblo, los afectados solicitarán que se retrotraigan de sus FALSAS declaraciones dado que ha podido demostrarse que la causa sigue abierta y Domingo González encausado.

Por último, realizamos tres preguntas al azar a los lectores:

¿Creen ustedes que existe la posibilidad en este país de “comprar” la voluntad de un fiscal?. ¿Creen ustedes que pueda surgir la posibilidad de que cualquier letrado que defiende a su cliente, intente comprar la voluntad o convencer  a un fiscal, para  que archive cualquier causa judicial o  que alteré el dictamen de cualquier delito de presunta corrupción de la índole qué sea?, ¿creen ustedes que esta intencionalidad, pueda suceder justo antes de que se produzca un momento, evento u acto importante como lo son unas elecciones?.  

La causa del Plan Parcial de Ordenación SUSNO I-3 no ha sido archivado y aquí publicamos la documentación que lo demuestra:

ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 TRAS LAS FALSAS DECLARACIONES EN EL PLENO DEL 26 DE DICIEMBRE.  PAGINA 1

ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 TRAS LAS FALSAS DECLARACIONES EN EL PLENO DEL 26 DE DICIEMBRE.  PAGINA 2

ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITANDO  RECTIFICACIÓN  EN EL PLENO.  PAGINA 1

 ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITANDO  RECTIFICACIÓN  EN EL PLENO.  PAGINA 2

ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITANDO  RECTIFICACIÓN  EN EL PLENO. DECLARACIONES FALSAS PUBLICADAS EN LA WEB MUNICIPAL PÚBLICA   PAGINA 3

RESPUESTA DEL EX-ALCALDE DE LA VILLA, JUAN JOSÉ GIL A LOS AFECTADOS DEL PLAN PARCIAL DE
ORDENACIÓN SUSNO I-3 DE LOMO CARDÓN, EL DÍA 28/01/2015

ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITANDO  RECTIFICACIÓN  EN EL PLENO. AQUI REFLEJA QUE LA CAUSA NO ESTA ARCHIVADA TRAS LA APELACIÓN POR UN NUEVO AUTO.    PAGINA 4

ESCRITO DE LOS AFECTADOS AL AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE ENTRADA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITANDO  RECTIFICACIÓN  EN EL PLENO. AQUI REFLEJA QUE LA SALA DESESTIMA EL AUTO DICTADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 .    PAGINA 5

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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por una presunta compra de votos en Mogán

Noticias Gran Canaria / www.noticiasgrancanaria.es -
MOGÁN -

Una de las cabinas sin papeletas
en el IES de Arguineguín

En el acta del colegio electoral de Arguineguín se recogen irregularidades por parte de tres interventores de Ciuca.
La investigación por una presunta compra de votos en el municipio grancanario de Mogán continúa abierta por parte de la Guardia Civil. Así lo ha confirmado a Canarias Ahora el gabinete de prensa de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no ha podido facilitar más detalles de la operación.

El municipio sigue sin conocer al 100% el resultado de las votaciones, a pesar de que ya han pasado dos días de la celebración de los comicios. La Junta Electoral señala que a partir de este miércoles se llevará a cabo la contabilización oficial y apunta que no se le han notificado incidencias. Sin embargo, el acta de la mesa electoral del colegio de Arguineguín recoge hasta tres irregularidades cometidas por interventores de Ciudadanos para el Cambio, el partido contra el que se han interpuesto estas denuncias por posible compra de votos, según ha podido saber este diario.

El acta fechada el 24 de mayo expresa que los tres interventores de la formación política Ciuca debían efectuar su voto en el distrito 3, sección 001, mesa B y, sin embargo, lo hicieron en el distrito 4, sección 001, mesa B.

Recuento de votos actual

Con el 93,12% que se ha escrutado hasta el momento, Ciuca se impone en este consistorio con un 41% de los votos y logra así 10 concejales. La segunda fuerza más votada es el PP con un 35,76% de los votos, mientras que el PSOE obtiene dos concejales con un 8.02% de los votos. Nueva Canarias alcanza el 5,03% de los votos, por lo que se queda con un  concejal.

Según los datos que existen hasta el momento, la candidatura más próxima a conseguir el último concejal sería el PP, pero hasta este miércoles no se conocerá. Además, Nueva Canarias ya ha adelantado que no va a pactar con un alcalde o una alcaldesa que tengan imputaciones por corrupción. 

El caso de Ciuca es llamativo puesto que en las pasadas elecciones obtuvo 6 concejales, con un 25,47% de votos y ahora crece hasta alcanzar 10, mientras que el PP gobernaba en el municipio con 11 concejales y en 2011 más de la mitad de los votantes avalaron su candidatura (50,65%).

Cabe recordar que ambos políticos, tanto Onalia Bueno (Ciuca) como Francisco González (PP), están todavía imputados en el denominado caso Góndola, investigación sobre una presunta trama de corrupción en este municipio turístico de las Islas que lleva empantanada en su juzgado en fase de instrucción desde 2006, y que entre otros múltiples presuntos delitos recoge el electoral, por compra de votos.

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Un juez investiga un fraude millonario en centros de menores desamparados

Noticias Gran Canaria / www.noticiasgrancanaria.es - 

Dos exconsejeros, dos exdirectores generales y el actual interventor general del Cabildo de Gran Canaria tendrán que declarar como imputados los días 25 y 27 de mayo por un presunto fraude en las subvenciones y ayudas públicas a centros de menores desamparados de la isla. La Audiencia de Las Palmas ha dado orden al juzgado de instrucción 5 para que cite a todos ellos e investigue la denuncia presentada por el exjefe de administración de Asuntos Sociales del Cabildo, Rafael Ramírez, quien ha destapado un fraude que, solo en el año 2010, se elevó presuntamente a dos millones de euros. 

Este dinero, siempre según la denuncia de Ramírez, es el “dispendio” originado por el exceso de plazas para menores pagadas por el Cabildo a centros privados de Gran Canaria pese a no estar ocupadas. 

El supuesto fraude consiste en lo siguiente: la Consejería de Política Social habilitó durante años en torno a 550 plazas para menores desamparados en centros públicos y privados. Y pagó por cada una de ellas entre 60 y 80 euros cada día, a pesar de que unas 100 de ellas estaban desocupadas. 

Eso en lo que respecta solo al cabildo de Gran Canaria. “En las otras islas ha podido ocurrir exactamente lo mismo”, señala Ramírez a EL PAÍS. “El dinero salía del Cabildo como si las 550 plazas estuviesen cubiertas”, añade. El denunciante no tiene constancia de lo sucedido con ese dinero excedente. Es lo que tendrá que investigar ahora la juez Ana Isabel de Vega por orden de la Audiencia Provincial, que ha reabierto este caso en dos ocasiones, esta vez con la orden expresa de investigarlo, tras decretar el juez su archivo. 

Para el día 25, la juez De Vega ha citado como imputados a Pedro Quevedo Iturbe, exconsejero de Política Social y Sociosanitaria del partido Nueva Canarias (entre 2007 y 2011), de tinte nacionalista, y que ahora es el cabeza de lista de esta formación al Ayuntamiento de Las Palmas. Era el consejero en la época en que se produjo el fraude y que, supuestamente, hizo caso omiso a los diferentes informes que le remitió Ramírez denunciando graves irregularidades y pago de plazas inexistentes. También ha sido citada por los mismos hechos la exconsejera de Recursos Humanos del Cabildo Teresa Mayoral Fernández, los exdirectores generales Antonio Gil Díaz y Francisco Hurtado Rodríguez, así como el actual interventor general del Cabildo, Juan José Sánchez Arencibia y altos funcionarios de esta Administración. 

 La investigación es por delitos de tráfico de influencias, fraude, prevaricación y acoso laboral. Ramírez fue apartado de su puesto por su insistencia en denunciar el desvío de dinero. La Consejería de Política Social es la que gestiona el acogimiento residencial para la atención integral a menores. Tiene algunos centros de titularidad privada y otros, la mayoría, privados, en manos de ONG, a las que paga las plazas ocupadas por menores. Solo en 2010, el Cabildo presupuestó algo más de 18 millones de euros para la atención de estos menores en los diferentes centros. El ex jefe de Administración que denunció el caso fue apartado de su cargo Rafael Ramírez presentó su denuncia en 2010. El supuesto fraude se produjo cuando el Cabildo estaba gobernado en coalición por los nacionalistas de Nueva Canarias y el PSOE. Sin embargo, Ramírez fue apartado de su puesto meses después de llegar el PP al poder en las islas. 

"El PP llegó al poder en 2011 y, lejos de investigar los hechos, lo que hizo fue apartarme a mediados de 2012 de mi puesto como jefe de administración", detalla Ramírez. Ramírez se refiere a la exconsejera de Política Social Rosa Rodríguez, mano derecha del actual ministro de Industria José Manuel Soria. En la actualidad, Rodríguez trabaja para Enagas, y el puesto de consejero lo ocupa José Miguel Álamo. El actual consejero, también del PP, asegura que él es ajeno a los hechos que consta en la denuncia, dado que accedió a la consejería hace unos dos años. Álamo reconoce que efectivamente en la época en que se produjo la denuncia hubo cierto “descontrol” sobre las plazas necesarias para atender a los menores desamparados, si bien recuerda que por entonces la llegada de menores inmigrantes a la Isla era muy fuerte y fluctuante. 

Álamo recuerda que estas avalanchas se produjeron en 2005 y 2006. Además, precisa que desde que él está al frente de la Consejería se ha incrementado el control y se abonan las plazas solo si están ocupadas. Añade que la decisión de apartar a Ramírez la adoptó su antecesora y que no fue por la denuncia de fraude, sino por cuestiones “organizativas”. “Parece que fue cambiado de puesto porque [Ramírez] es una persona con carácter y se puso un poco rebelde con Rosa”, añade. Álamo no tiene conocimiento de que se investigase a fondo el fraude denunciado, del que Ramírez informó a sus superiores a través de numerosos informes. 

Matiza que la exconsejera Rodríguez no se mantuvo impasible ante la denuncia y que encargó un informe. Este informe, según Ramírez, finalizó en noviembre de 2012. Y los resultados vinieron a avalar su denuncia e incluso pusieron de manifiesto "la situación ruinosa" en que estaban algunos de los centros, según denunció también la Fiscalía de Menores. Ramírez asegura que los dos millones de fraude de 2010 son extrapolables a más años. Y subraya que por fin ahora, tras sus denuncias, la cifra de plazas que se pagan ha bajado de las 550 de entonces a unas 350.

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