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MEDIO AMBIENTE
Como estaba previsto, el desmadre en la gestión de residuos que históricamente sufrió Canarias sigue pasando factura en la Unión Europea.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, ya se sabía que resultaba imposible clausurar los 24 vertederos ilegales detectados por las autoridades continentales en nuestro Archipiélago antes de que se cumplieran los plazos dados, al punto de que solo cuatro de ellos han sido al fin clausurados.
Ahora, la Comisión Europea anunció ayer que llevará a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la “persistencia de vertederos ilegales”, no sólo en las Islas, sino en cinco comunidades autónomas más: Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Eso sí, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que España “tomara las medidas necesarias”.
Una gestión insuficiente
El Ejecutivo comunitario considera que, pese las normas comunitarias, existe una “gestión insuficiente” de los residuos. No podía ser de otra manera, ante el terrible atavismo local de acumular escombros y basura sin respetar normativa alguna, una pésima costumbre forzada por la escasez de territorio y de transportes suficientes para hacer frente a un reto por otra parte formidable.
El avance de la civilización llegó con las modernas plantas de tratamientos de residuos, pero las autoridades locales fueron incapaces de revertir los viejos vertederos y la situación terminó por adquirir gran visibilidad cuando en 2007 la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar “vertederos ilegales” en las referidas comunidades autónomas. El Gobierno de España, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a “clausurar y restaurar” esos vertederos antes de que acabara 2011, una promesa imposible de cumplir salvo que llegase una cuantiosa inversión que nunca fue tal.
La fecha era tan irreal que en su día Europa no puso objeciones a retrasar el plazo hasta 2014, pero no transigió con una nueva prórroga hasta el año que viene.
Lo cierto es que el plazo ya se ha cumplido y, por ejemplo en el Archipiélago solo se ha logrado el control en cuatro de los puntos señalados en nuestras Islas por Europa, a la espera de seguir con la tarea en los 20 restantes.
El motivo de semejante retraso no es la falta de interés del anterior Gobierno autonómico, sino la escasa disposición de fondos para afrontar una empresa de estas características.
Así las cosas, Bruselas ha decidido llevar a España ante la justicia europea para “forzarla a acelerar el proceso”. Es menester recordar que aunque los vertederos no estén ya operativos, necesitan ser cerrados, sellados y restaurados, tal y como exige la Comisión Europea.
No bastará con cerrarlos
De acuerdo a las normas comunitarias, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos para que no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, por lo que están obligados a prohibir su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
Si el Tribunal de Justicia concluye que España persiste en la no aplicación de las reglas formuladas por la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría iniciar entonces un segundo procedimiento para imponer una multa a las autoridades nacionales.
Una larga lista:
-Cuatro en la isla de Tenerife: están localizados en los términos municipales de Guía de Isora, Güímar, Granadilla de Abona (518.445,73 de coste) y Santiago del Teide.
-Cuatro en La Gomera: se encuentran en los municipios de Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey y Alajeró. (Más de 880.000 euros de coste).
-Cuatro más en La Palma: concretamente localizados en los municipios de Puntagorda (635.580,21 euros de coste), Tijarafe, Fuencaliente (607.927,44 euros de coste) y Santa Cruz de La Palma.
-Dos en la Isla de El Hierro: uno de ellos está en Valverde y el otro en Frontera. Faro de Orchilla (948.347,25 euros de coste) y en Frontera (388.424,52 euros).
-Tres más en Gran Canaria: Cueva Lapa ( 851.392,84 euros de coste), Franja Costera Botija ( 722.574,16 euros de coste) y Montaña de Amagro, todos ellos en el municipio de Gáldar.
-Dos en Fuerteventura: se encuentran en los términos municipales de Antigua (568.883,50 euros de coste) y Tuineje.
-Uno en Lanzarote: situado en Yaiza.
-Sólo cuatro casos resueltos: el esfuerzo del Gobierno de Canarias, limitado por la escasa disponibilidad presupuestaria, ha retirado solo cuatro vertederos de la lista: tratándose de la Montaña del Tesoro, en Valverde (El Hierro), Tejina (La Laguna), El Llano de Valle Gran Rey (La Gomera) y por último el barranco de Buitondo en Pájara (Fuerteventura).
-Plazos incumplidos: El primer plazo era antes de que terminara 2011, pero se amplió hasta 2014. Una prórroga hasta 2016 no fue aceptada por Europa.
Desde un punto de vista técnico, el proceso de restauración de los vertederos por regla general incluirá la retirada y clasificación de los vertidos y su procesado mediante gestores autorizados. En algunos de los casos, en función de las características de los vertederos y los años transcurridos desde su abandono, se tendrá que acometer el sellado y el acondicionamiento de la zona afectada mediante una capa de impermeabilización y clausura.
¿No hay actividad presupuestaria o Bruselas se ha dado cuenta, de que todo el dinero que recibe la Comunidad no lo destinan a solventar la mayoría de los problemas como estos, los cuáles se arriesgan a ser sancionados?¿se ha destinado el dinero que manda la Unión Europea a paliar la mayoría de estos problemas?¿cuánto ha destinado la UE para destinarlo a esta problemática?.
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MEDIO AMBIENTE
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, ya se sabía que resultaba imposible clausurar los 24 vertederos ilegales detectados por las autoridades continentales en nuestro Archipiélago antes de que se cumplieran los plazos dados, al punto de que solo cuatro de ellos han sido al fin clausurados.
Ahora, la Comisión Europea anunció ayer que llevará a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la “persistencia de vertederos ilegales”, no sólo en las Islas, sino en cinco comunidades autónomas más: Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Eso sí, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que España “tomara las medidas necesarias”.
Una gestión insuficiente
El Ejecutivo comunitario considera que, pese las normas comunitarias, existe una “gestión insuficiente” de los residuos. No podía ser de otra manera, ante el terrible atavismo local de acumular escombros y basura sin respetar normativa alguna, una pésima costumbre forzada por la escasez de territorio y de transportes suficientes para hacer frente a un reto por otra parte formidable.
El avance de la civilización llegó con las modernas plantas de tratamientos de residuos, pero las autoridades locales fueron incapaces de revertir los viejos vertederos y la situación terminó por adquirir gran visibilidad cuando en 2007 la Comisión Europea abrió un expediente contra España tras detectar “vertederos ilegales” en las referidas comunidades autónomas. El Gobierno de España, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a “clausurar y restaurar” esos vertederos antes de que acabara 2011, una promesa imposible de cumplir salvo que llegase una cuantiosa inversión que nunca fue tal.
La fecha era tan irreal que en su día Europa no puso objeciones a retrasar el plazo hasta 2014, pero no transigió con una nueva prórroga hasta el año que viene.
Lo cierto es que el plazo ya se ha cumplido y, por ejemplo en el Archipiélago solo se ha logrado el control en cuatro de los puntos señalados en nuestras Islas por Europa, a la espera de seguir con la tarea en los 20 restantes.
El motivo de semejante retraso no es la falta de interés del anterior Gobierno autonómico, sino la escasa disposición de fondos para afrontar una empresa de estas características.
Así las cosas, Bruselas ha decidido llevar a España ante la justicia europea para “forzarla a acelerar el proceso”. Es menester recordar que aunque los vertederos no estén ya operativos, necesitan ser cerrados, sellados y restaurados, tal y como exige la Comisión Europea.
No bastará con cerrarlos
De acuerdo a las normas comunitarias, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos para que no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, por lo que están obligados a prohibir su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
Si el Tribunal de Justicia concluye que España persiste en la no aplicación de las reglas formuladas por la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría iniciar entonces un segundo procedimiento para imponer una multa a las autoridades nacionales.
Una larga lista:
-Cuatro en la isla de Tenerife: están localizados en los términos municipales de Guía de Isora, Güímar, Granadilla de Abona (518.445,73 de coste) y Santiago del Teide.
-Cuatro en La Gomera: se encuentran en los municipios de Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey y Alajeró. (Más de 880.000 euros de coste).
-Cuatro más en La Palma: concretamente localizados en los municipios de Puntagorda (635.580,21 euros de coste), Tijarafe, Fuencaliente (607.927,44 euros de coste) y Santa Cruz de La Palma.
-Dos en la Isla de El Hierro: uno de ellos está en Valverde y el otro en Frontera. Faro de Orchilla (948.347,25 euros de coste) y en Frontera (388.424,52 euros).
-Tres más en Gran Canaria: Cueva Lapa ( 851.392,84 euros de coste), Franja Costera Botija ( 722.574,16 euros de coste) y Montaña de Amagro, todos ellos en el municipio de Gáldar.
-Dos en Fuerteventura: se encuentran en los términos municipales de Antigua (568.883,50 euros de coste) y Tuineje.
-Uno en Lanzarote: situado en Yaiza.
-Sólo cuatro casos resueltos: el esfuerzo del Gobierno de Canarias, limitado por la escasa disponibilidad presupuestaria, ha retirado solo cuatro vertederos de la lista: tratándose de la Montaña del Tesoro, en Valverde (El Hierro), Tejina (La Laguna), El Llano de Valle Gran Rey (La Gomera) y por último el barranco de Buitondo en Pájara (Fuerteventura).
-Plazos incumplidos: El primer plazo era antes de que terminara 2011, pero se amplió hasta 2014. Una prórroga hasta 2016 no fue aceptada por Europa.
Desde un punto de vista técnico, el proceso de restauración de los vertederos por regla general incluirá la retirada y clasificación de los vertidos y su procesado mediante gestores autorizados. En algunos de los casos, en función de las características de los vertederos y los años transcurridos desde su abandono, se tendrá que acometer el sellado y el acondicionamiento de la zona afectada mediante una capa de impermeabilización y clausura.
¿No hay actividad presupuestaria o Bruselas se ha dado cuenta, de que todo el dinero que recibe la Comunidad no lo destinan a solventar la mayoría de los problemas como estos, los cuáles se arriesgan a ser sancionados?¿se ha destinado el dinero que manda la Unión Europea a paliar la mayoría de estos problemas?¿cuánto ha destinado la UE para destinarlo a esta problemática?.
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