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martes, 12 de diciembre de 2023

La campaña de refuerzo de la Inspección de Trabajo destapa 426 casos de personas sin alta o con contratos irregulares en Canarias

 El refuerzo, formado por un equipo de 23 inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social llegados desde otras comunidades autónomas, ha realizado un total de 940 visitas a empresas, 361 de ellas en horario nocturno y en días festivos.

La Inspección de Trabajo ha permitido mejorar las condiciones laborales de 426 personas en Canarias que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social o que trabajaban con contratos irregulares. Y pocas son.


Durante las tres semanas que ha durado la campaña, el equipo de refuerzo ha realizado un total de 940 visitas, 361 de ellas en horario nocturno y días festivos. Estas inspecciones han posibilitado detectar fraude en 205 contratos de jornada a tiempo parcial, obligando a los empleadores de los trabajadores afectados a ampliar sus horas de trabajo y, consecuentemente, a subir sus salarios y cotizaciones. Además, la inspección ha logrado transformar en indefinidos 66 contratos temporales.


Han aflorado 281 empleos sumergidos, 96 de ellos por falta de alta en la Seguridad Social, 58 corresponden a mujeres y 38 a hombres. Además, se han identificado a 29 extranjeros no comunitarios sin permiso de trabajo. A esos empleos sumergidos aflorados se les añaden los supuestos de 156 trabajadores con contrato a tiempo parcial que vieron incrementada su jornada en más del 50%. También se abrieron 16 expedientes por obstrucción. De enero a octubre de este año, la acción inspectora afloró 3.355 empleos no declarados en Canarias.



Los datos se han dado a conocer en el marco de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias,  que se ha reunido para analizar las actuaciones realizadas en el presente ejercicio y programar los objetivos para 2024.


El Plan para el próximo año recoge 35.791 órdenes de servicio divididas en cinco áreas: prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y trabajo de extranjeros y otras actuaciones.


Las competencias del Gobierno de Canarias se centran en las dos primeras, prevención de riesgos y relaciones laborales, que representan el 51,35% del total de las actuaciones previstas, con campañas específicas contra el fraude en la contratación.


Las actuaciones en materia de jornada laboral, horas extraordinarias y descansos irán dirigidas principalmente a los sectores en los que se detecta un mayor número de irregularidades. En este ámbito, se contemplan campañas específicas para controlar el tiempo de trabajo y el registro de la jornada.


Otra de las acciones en las que se centrará en 2024 la Inspección Laboral se relaciona con vigilar el cumplimiento de las empresas obligas a la contratación de un porcentaje mínimo de personas con discapacidad y las condiciones de trabajos en los centros especiales de empleo.


Bienestar laboral

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, dará un carácter prioritario a la actuación inspectora para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores. Además, la titular del área, Jessica de León, ha recordado que “dedicaremos especial atención a la salud mental de los trabajadores, ya no vamos a hablar de salud laboral, sino de bienestar laboral”.


Se reforzarán las acciones en el sector de la construcción. En total se prevén 1.970 órdenes de servicio en este campo. Asimismo, se llevarán a cabo campañas en el sector marítimo, como la centrada en buques de pesca y una de control de los riesgos en la actividad agraria.


También se continuará con la realización de actuaciones para prevenir los riesgos musco esqueléticos. En 2024 se programarán 540 acciones en los sectores en los que se detectó un mayor número de accidentes de trabajo por sobre esfuerzos y en las empresas en las que realizaron requerimientos este año. Se contempla, además, una campaña concreta en la actividad de las camareras de pisos.


El Ejecutivo autonómico, en coordinación con la Inspección de Trabajo, llevará a cabo también controles de los riesgos psicosociales.

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La Fiscalía pide ocho años de cárcel para los dueños del restaurante BB de La Ballena


Presuntamente utilizaron distintas formas empresariales, los mismos medios materiales y contrataron a los mismos trabajadores en tres empresas diferentes para no pagar a la Seguridad Social.

El matrimonio formado por J.J.S.S. y J.R.G.C. será juzgado este martes, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La pareja está acusada de ser la presunta autora de un delito continuado contra la Seguridad Social y otro de frustración en la ejecución. La Fiscalía pide para ellos una pena de ocho años de cárcel y una multa de 958,578,7 euros. También pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuantía de 378.334,49 euros.

Según el escrito de la acusación, la pareja que gestionaba el restaurante familiar denominado BB en el centro comercial La Ballena (Las Palmas de Gran Canaria) y guiados por el ánimo de defraudar a la Seguridad Social, llevaron a cabo dicha explotación a través de tres empresas de forma sucesiva para el desarrollo de la misma actividad y bajo la misma denominación del negocio.

Mismos medios

Además, lo hicieron utilizando distintas formas empresariales y usando en las tres los mismos medios materiales e incluso en algunos casos, contratando a los mismos trabajadores.

Así, tras cesar la actividad en el local 26 del mencionado Centro Comercial pasaron a desarrollarla en el local 27 y después en el T18. La Fiscalía acusa a la pareja de empresarios de utilizar tales maniobras evitar el cobro de las cantidades debidas a la Seguridad Social, ya que desde el inicio del procedimiento de Recaudación Ejecutiva el 30 de noviembre de 2016, hasta su finalización el 14 de diciembre de 2018, resultaron infructuosos los trámites llevados a cabo en el expediente administrativo de apremio instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, para el embargo de cuentas corrientes y de ahorro, bienes o pagos realizados en los terminales de puntos de venta. 

Autónomos

“Con dicha conducta J.R.G.C. defraudó a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 113.921,17 euros, de los que 20.608,93 euros corresponden a deuda del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos entre los años 2013 y 2020 y 93.312,24 euros a deuda propia de Régimen General generada entre los años 2013 y 2016”, reza el escrito de acusación.

“Por su parte, los encausados, a través de BR S.L. defraudaron a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 228.503,95 euros, correspondiente a deuda propia de la mercantil, la cantidad de 135.191,71 euros, generada entre los años 2016 y 2018, y la de 93.312,24 euros correspondientes a la deuda derivada por sucesión de la deuda generada de ésta manera respecto al Código de Cuenta de Cotización de J.R.G.C.”, concluye el Ministerio Fiscal.
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