Corrupción, Político Empresariales (I)

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OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)
Es bochornosa para la ciudadanía, o al menos aquellos que consideramos inadmisible la corrupción (en cualquiera de sus modalidades) sea pública o en el ámbito privado (fuera de lo público), que en nuestro país la corrupción, y su percepción, sea una de nuestras principales preocupaciones.

Los datos no dejan margen de duda: es la segunda preocupación de la ciudadanía  española en el mes de enero de este año, según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) con un incremento de cuatro décimas (del 38,8% al 39,2%); también publicó la ONG Transparencia Internacional (TI), el mismo mes, que habíamos registrado el peor dato de percepción de corrupción de nuestra historia, con una puntuación de 58 sobre 100 puntos (el año anterior fue de 60 puntos), subiendo una posición hasta la posición 36, de un total de 168 países analizados.

Los casos de corrupción dañan la Marca España, y la embarran ante potenciales inversores extranjeros, desacostumbrados a semejantes y lamentables espectáculos en sus países. La sensación de impunidad percibida en nuestro país, se refleja también en medios extranjeros.

Numerosas son las declaraciones en el ámbito de la justicia, para perseguir a aquellos que infringen la-s ley-es. Así, por ejemplo, en declaraciones realizadas por el portavoz de Jueces para la Democracia, el Sr. Joaquim Bosch, en noviembre de 2014, afirmaba que "en nuestro país los corruptos cuentan con más medios para eludir la acción de la Justicia de los que tiene nuestro sistema judicial para perseguirles", y reclamaba más peritos especializados, más policía experimentada en la materia y más recursos para la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, reclamaba que debían adoptarse medidas para acabar con la enorme discrecionalidad de las administraciones en materia de contratos y adjudicaciones públicas, que es el caldo de cultivo habitual donde se genera la corrupción. Critico las medidas de lucha contra la corrupción, las medidas anunciadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmando que no tenían apenas relevancia, ni iban a suponer cambios efectivos en la lucha contra la corrupción.

En las conclusiones del "XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos", en Diciembre de 2014, reclamaban más medios, dedicación exclusiva a casos de corrupción y revisar o suprimir aforamientos. Respecto a la Fiscalía, en caso de que se le atribuya la instrucción, abogan por reforzar su independencia del poder ejecutivo y la inamovilidad de los fiscales, especialmente en asuntos de corrupción o que afecten a autoridades políticas, y piden más medios para Anticorrupción y mantener la acusación popular "como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero con límites para evitar abusos". También incluían la petición de aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia "al menos el 3 por ciento" de los Presupuestos Generales del Estado, autonomía presupuestaria o un porcentaje "mínimo y garantizado" para justicia. Estas son algunas de las conclusiones en dichas Jornadas.

También, en recientes declaraciones, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclaman más medios técnicos y de personal para la Unidad Central Operativa (UCO) que, considera, está desbordada ante el volumen de trabajo que tiene con las distintas tramas de corrupción que siguen destapándose en España".

Este mismo mes el fiscal jefe de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, afirmaba que la Justicia pueda parecer lenta, ésta funciona y que si no lo hace con una mayor agilidad es por la falta de medios humanos y materiales a la que tiene que hacer frente a diario. También afirmaba que respecto a la memoria de 2014, presentada en febrero de 2016, la acusación pública ha detectado un aumento de los delitos contra la Administración Pública, entre ellos los de prevaricación administrativa.

El gobierno de la nación, cuando menos, parece omitir y le parece suficiente las medidas adoptadas en el pasado, en la lucha contra la corrupción. Las declaraciones que recojo anteriormente, dejan a la luz las notables carencias de lo legislado, y hacen que la ley pueda ser mejorada para conseguir una lucha eficiente contra la corrupción en nuestro país.