OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)
En plena recta final para la elección de nuestros representantes estatales, hay que analizar desde la objetividad la situación en la que se encuentra nuestro país y mirar sin acritud el pasado con el ánimo de hacer memoria y poder ser consecuente con el sentido de nuestro voto, evaluando los pros y contras de las diferentes formaciones para tomar la decisión que más nos interese para defender que modelo de país queremos.
No sería justo reconocer la valía de decisiones del pasado, que nos han llevado a un modelo de estado del bienestar que no teníamos durante la dictadura, pero hay que recordar también lo que los partidos tradicionales han llevado a cabo durante las pasadas décadas.
Los partidos tradicionales, y de manera específica aquellos que se han alternado en el gobierno de la nación (PP y PSOE), bien en solitario (momento en el cual han impuesto normas o leyes, aplicando lo que se ha denominado "el rodillo") o con apoyos de partidos nacionalistas, han generado un modelo de país altamente descentralizado que ha generado 17 modelos (tantos como Comunidades Autónomas) de casi todo, a la par no han tenido ningún decoro en generar duplicidades y hasta triplicidades en las administraciones para contentar a todos los partidos (el conocido "café para todos").
Un Senado que más que una cámara de representación territorial, es una institución que se usa como "segundo congreso" y que está plagada en demasiados casos de políticos con una dilatada carrera política en otras administraciones públicas y que la terminan aquí.
Pero si esto es relevante, también lo es las prebendas y privilegios impropios de lo que se han dotado: aforamientos (unos 10.000); coches oficiales (decenas de miles, de los cuales 921 eran del gobierno central, en 2011, frente a los 412 de Estados Unidos (en 2012)); presencia en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los bancos participados por éstas ( según el Tribunal de Cuentas, en 2014, el RESCATE bancario ha costado algo más de 100.000 millones, de los que 61.366 millones eran ayudas públicas comprometidas según el Banco de España (excluyendo avales, préstamos y el banco malo), hasta 2013); la creación y sostenimiento de miles de entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (fundaciones (algunas están duplicadas o que prestan servicios superfluos), empresas públicas, observatorios, ...) que en algunos casos se encuentran amigos y familiares, y de las cuales hay un altísimo porcentaje que son innecesarias; la utilización de la figura del Indulto (utilizada en otros países) al criterio "objetivo" del gobierno de turno (La ley que lo regula, del 18 de junio de 1870, no les obliga a dar explicaciones ni argumentar las razones que han conducido a cada perdón); etc.
Es sangrante el nivel de corrupción y la sensación de impunidad de determinados políticos (y sus amigos), en particular cuando unos y otros se conceden, en ocasiones, indultos a delitos contra la administraciones públicas (de manera total o parcial) de difícil comprensión, y que percibe la ciudadanía y cuyo hedor es cada vez menos tolerado por la misma. Y es que a diferencia de nuestros socios europeos, principalmente los situados al Norte de Europa, donde la corrupción es castigada electoralmente, en nuestro país esta lacra se está comenzando a castigar recientemente.
En esta materia nos queda mucho por andar. Considero que para erradicar esto hay que tener una ley de transparencia más ambiciosa (donde se especifique a dónde va el dinero de los ciudadanos, con la limitaciones de la ley de protección de datos) y una justicia despolitizada, más ágil y con mayores recursos (materiales y humanos).
Las deficientes medidas en la lucha contra el fraude fiscal, (que según las declaraciones realizadas en 2013, por el presidente de Gestha (colectivo de Técnicos de Hacienda), Carlos Cruzado, que afirmaba que el 71%, de los 90.000 millones, "era atribuible" a patrimonios altos y grandes empresas), de los anteriores gobiernos (PSOE-PP). En 2014, las cifras son de 59.500 millones de euros (2.000 millones de euros más que el gasto total de todas las administraciones en sanidad), según el mismo colectivo.
Estos profesionales dan formulas para atajar este asunto, pero parece que los gobiernos (actual y anteriores) escuchan lo que consideran "oportuno". La AMNISTÍA FISCAL (que también llevará a cabo el PSOE cuando gobernó) ó "regularización tributaria extraordinaria "en condiciones diferentes de una regularización ordinaria"", (como la denomino el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. Montoro), de 2012, terminó recaudando unos 1.200 millones de euros.
Pero los problemas de nuestro país son mucho más amplios: la paulatina desaparición de parte de las clases medias (sostén de nuestro estado del bienestar, por establecer un sistema de recaudación que se sustenta, en su mayoría, en las rentas del trabajo) con medidas como la reforma laboral; la emigración de los jóvenes (fuga de cerebros) por falta de salidas en el mercado laboral (y su precariedad); la falta de inversión estatal en I+D+i (o medidas para incentivarla); el escaso interés por apostar por un cambio de nuestro modelo productivo (que tradicionalmente ha pivotado, sobre el turismo y la construcción), etc.
Especial hincapié hay que realizar en las medidas que unos y otros han planteado para atajar el tema del desempleo, y su verosimilitud, como piedra angular para empezar a salir de la crisis económica-social que atravesamos y alcanzar niveles semejantes (al menos) de desempleo, a la misma altura de la media de la zona euro (entre un 10 y un 11%, según Eurostat). Alcanzar el pleno empleo en nuestro país ha sido y es una utopía, que cualquier gobernante quería conseguir.
Faltaría a la verdad si no excluyera de los que denomino "partidos tradicionales" a formaciones como UPyD (en el Congreso de los Diputados), u otras sin representación en las Cortes (como Podemos o C's, etc), que plantean alternativas a los partidos que llevan muchos años o décadas en las instituciones, y de las cuales muchas han institucionalizado comportamientos poco éticos (tolerancia a la corrupción; privilegios; etc). No daré ejemplos, porque la hemeroteca está llena de los mismos, y la ciudadanía no somos niños (al contrario de lo que algunos partidos nos tratan).
En este análisis superficial de la situación de nuestro país, y de algunas de las consideraciones a tomar en cuenta a la hora de depositar nuestra confianza (en forma de voto) el próximo día 20, hay que afirmar que las formaciones políticas tradicionales han estado de acuerdo hasta hace bien poco, con motivo de la aparición de las formaciones políticas emergentes, en no modificar ni reconocer que nuestra constitución está obsoleta (así como el modelo de estado), y en las prebendas y privilegios que se han dotado (de las cuales recojo algunas, anteriormente citadas).
A la hora de depositar mí voto lo haré en conciencia, por aquel que plantee soluciones serias a las problemáticas actuales, y que permita dejar a las generaciones venideras un futuro mejor del que actualmente tenemos.
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