OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)
Nos encontramos en un momento decisivo de nuestra democracia, en la que la ciudadanía tenemos la responsabilidad de optar por quién nos va a gobernar en la próxima legislatura.
Con las opciones más abiertas que nunca, por la aparición de nuevas formaciones políticas en el panorama político nacional, es interesante que algunos medios de comunicación, en estas próximas elecciones más que nunca, hayan fijado contenidos para minimizar e influenciar al alto número de indecisos en las próximas elecciones, por unas u otras opciones. Estas opciones empresariales son legítimas, cuando las mismas son privadas, y optan por la política editorial/empresarial que estiman oportuna (los medios de comunicación son conocidos como: el cuarto poder).
Pero lo que es legitimo en la empresas de comunicación privadas, es de difícil comprensión en los medios de comunicación públicos. Algunos de ellos plantean sus argumentos desde una perspectiva sesgada y que pivotan en los intereses partidistas, de aquellos que han elegido a sus cúpulas directivas para dirigir dichos entes. En el caso de las televisiones se limitan, sin tapujos, a ceñirse a lo que están obligados por ley, olvidando en muchos casos que cuando un medio es sufragado con dinero público este tiene que tener como objetivo último la pluralidad de la sociedad que la sustenta, y no competir con televisiones privadas para alcanzar las cuotas de pantalla, porcentaje de audiencia o share, más altas.
Hay numerosos ejemplos que sustentan estas perspectivas, voy a poner claros ejemplos de los formatos elegidos por entes públicos (televisiones, sustentadas con dinero público): los debates, cara a cara, planteados por RTVE (Radio Televisión Española) entre el bipartidismo de nuestro país (PP-PSOE) en las elecciones generales anteriores; ó en el caso de la RTVC (Radio Televisión Canaria) de cara a las elecciones europeas pasadas entre el tripartidismo imperante en Canarias (PSOE-CC-PP).
Se pueden plantear editoriales o formatos televisivos de los más diversos, pero en los medios de comunicación públicos, en particular el televisivo, se deberían contemplar debates cara a cara, al estilo del mundo anglosajón, donde la ciudadanía pueda escuchar las propuestas que las diferentes formaciones políticas que se presentan plantean, para dar solución a los problemas que la ciudadanía tiene y demanda.
Es imperativo que los medios de comunicación sustentado con fondos públicos sigan a rajatabla los principios democráticos (en especial el de igualdad, independencia y veracidad), que también son periodísticos, para ejercer su función de generar corrientes de opinión/pensamiento que genere una sociedad plural e informada sin intoxicaciones interesadas, sino el de reflejar la realidad tal cual es.
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