La instrumentalización identitaria de las administraciones públicas

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OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*) -Ciudadano de Telde-
Cuando se auguraba una nueva forma de hacer política después de las últimas elecciones locales y autonómicas, o eso decían, los hechos acaecidos la pasada semana dejan a las claras que hay Gobiernos, a distintos niveles en las administraciones públicas, que generan crispación de manera gratuita. 

En este caso hablo del despliegue de la bandera tricolor con siete estrellas verdes (propuesta por el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac), en 1964, y que es claro símbolo del independentismo canario en la actualidad), a instancias de Somos Lanzarote y respaldada por Coalición Canaria (CC) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), en lo más alto del Cabildo de Lanzarote (con el voto en contra del PSOE, del PP, Ciudadanos (C´s) y Nueva Canarias (NC), y la abstención de los representantes de Podemos). 

No es la única iniciativa en este sentido, y según fuentes del ejecutivo local, también se había pensado lo mismo en el Ayuntamiento de Telde, e iba a ser colocada sobre el balcón de las Casas Consistoriales de Telde, a instancias de Nueva Canarias, apoyada por Más por Telde, y apoyada y consentida por los dos partidos nacionales en el grupo de gobierno: PSOE y Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), y "alguna-s formación-es de la oposición".

Vaya por delante que cada formación política o social democráticas, puede reivindicar sus tesis, cualesquiera que fueran, con el único límite que marca nuestra constitución. La exhibición de dicha bandera en actos o recintos privados es legítima, desde el sentir de los independentistas canarios (tanto NC como CC, entre otros, presiden sus congresos).

Argumentar este acto como simbólico y carente de componente político alguno (en el caso de Telde), o para celebrar el "Día de la Bandera Nacional de Canarias" (en el caso del Cabildo de Lanzarote), es faltar el respeto a la inteligencia de aquellos que consideramos que las instituciones están para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, y que no se puede hacer una instrumentalización de las administraciones públicas para defender criterios, en este caso identitario. Una bandera sirve para representar a la ciudadanía o al gobierno en el propio país.

Es obvio que todos los nacionalismos exigen la diferencia, sobre lo que nos une. Los actos en política deben y tienen que ser siempre orientados a generar elementos de convergencia dentro de la sociedad, para dar soluciones con el mayor consenso posible, pero en ningún caso deben fragmentar a la misma en aras de fines puramente partidistas y/o identitarios, y que se alejan de la defensa del interés general, con actuaciones que nos afectan a todos. 

En este asunto el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote va al límite o quizás más allá (pudiendo repetirse el caso, de llevarse a los tribunales, de la condena a una administración pública, en concreto a la Diputación de Gipuzkoa, conocida en septiembre de este año, impuesta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián (que presentara la Abogacía del Estado, dando la razón a la Delegación del Gobierno del País Vasco que consideró que incumplía la legislación sobre banderas (Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas)), en la interpretación de la ley, y actúa según su criterio.

El respeto en y a las instituciones públicas es esencial para la convivencia de la ciudadanía, y no solo para una parte de la misma.

Hay quien pueda plantear, en el panorama político actual, que la política está para defender los sentimientos, en vez de garantizar los derechos de todos (la ciudadanía).  Yo conmino a los responsables públicos (políticos), y en particular en los gobiernos, a que redoblen sus esfuerzos, y se dediquen a gobernar, y por tanto a decidir, defendiendo el interés general de la ciudadanía, explicando cómo va a garantizar que se presten los servicios que los ciudadanía paga con sus impuestos. Es hora de hechos de gran calado y no de gestos, que den soluciones a la triple crisis que padece nuestra comunidad autónoma, y también nuestro país: económica, social y política.